El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo Tribunal de México, concluyó el análisis de la facultad de investigación 1/2009, sobre el caso de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, en donde murieron cuarenta niños y, el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, afirmó que el fallo del Alto Tribunal tiene los límites estructurales que la Constitución le establece.

El ministro presidente señaló que la resolución “no inculpa ni exonera a nadie, ya que otras autoridades conservan el deber y las facultades de atribuir las responsabilidades que derivan del caso”; el mensaje se escucha técnicamente adecuado y políticamente correcto, pero para aquellos mortales, como nosotros, me permito traducir el mensaje del presidente: la Corte no culpa ni exonera, sino todo lo contrario.

Debemos poner en perspectiva el papel de la Corte, ya que todas las acciones administrativas de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por Ley, deben estar destinadas a ampliar y facilitar el acceso a la justicia en México, como una de las garantías fundamentales de nuestro estado de derecho, ¡a la justicia!

Así las cosas, un tema tan sensible como lo es la muerte de cuarenta niños fue debidamente aceptado por dicho Tribunal, hasta aquí, muy bien. El problema viene cuando la recepción del asunto, así como su desahogo, fueron hechos de tal forma que generaron falsas expectativas para los mexicanos y principalmente para los directamente afectados, cuarenta padres que perdieron a sus hijos en un lamentable acontecimiento y que confiaron que al haber aceptado la Corte el asunto, era para verdaderamente buscar justicia y no asumir un papel protagónico que en nada contribuye a la justicia para los niños muertos y sus respectivos padres.

Qué necesidad había de generar falsas esperanzas de justicia a un padre que perdió a su hijo, cómo se puede tener el cinismo de realizar todo un procedimiento que es excesivamente gravoso, ya que los sueldos de los Ministros es ofensivamente alto, al igual que el funcionamiento de la Corte, si desde un principio sabían que, según algunos ministros, la Corte está impedida para fincar responsabilidades.

Podemos entender que los Partidos Políticos realicen promesas excesivas a los electores para ganar una elección, sabiendo que no son posibles de cumplir a plenitud, ya que la consecuencia es que no se construya una obra, que no mejore la economía o que no se avance democráticamente y los electores tenemos la facultad de votar o no por ellos.

Podemos entender a un presidente de la república que de mensajes a la nación con el único fin de pretender tranquilizar al pueblo que gobierna, ya que las consecuencias son seguir igual, pero a los ciudadanos nos queda la facultad de exigirle que resuelva nuestras demandas.

Lo que no podemos entender, ni debemos aceptar, es cómo el Máximo Tribunal de México, que tiene como principal función ampliar y facilitar el acceso a la justicia y que es fuente del derecho, emita una resolución que en nada contribuye en el acceso a la justicia para 40 niños muertos y sus padres.

La Corte no termina por asumir el papel que le corresponde dentro de nuestro sistema político, en perjuicio de todos, la SCJN ha sido nuevamente rebasada y no cumplió con su tiempo, el tiempo de la justicia para los mexicanos; que en este caso son 40 niños muertos.