A unos cuantos días de que inicie el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión el país se encuentra transitando por una etapa terriblemente vergonzante, llena de escándalos, acusaciones y persecuciones; eventos nada gratos que seguramente traerán serias consecuencias negativas para el futuro político y democrático de nuestro sistema político.

Como un hecho de lo que se esta generando al interior de las instituciones políticas podemos dar cuenta de lo sucedido en la sesión de la Comisión Permanente celebrada el miércoles pasado y donde se incluyó el tema de la corrupción de servidores públicos cuando el diputado federal Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo para ordenar a la Auditoría Superior de la Federación practique una auditoría de desempeño a los recursos federalizados y de deuda del Distrito Federal y que informe al Congreso acerca del destino y aplicación de los mismos en los ejercicios fiscales 2001 y 2003.

El punto de acuerdo generó un debate apasionado en donde participaron tanto diputados como senadores, entre los que figuraron: del Partido de la Revolución Democrática, los diputados Pablo Gómez Álvarez y Eliana García Laguna; del Revolucionario Institucional, el senador David Jiménez González; en cuanto al de Acción Nacional, el senador Juan José Rodríguez Prats.

Dentro de los argumentos dados —cabe señalar que todos los grupos parlamentarios coincidieron en el contenido del punto de acuerdo presentado— las diferencias radicaban en el contenido de sus discursos y fundamentos que pretendían, por una parte, manifestar la aprobación de la auditoría y, por otra, recordar los sucesos de presunta comisión de actos de corrupción por miembros de los partidos diferentes al de la voz en turno, esto es, como mero argumento retórico para señalar: “es que tú también”.

Es alarmante que el tema no se esté tomando con la seriedad que ello implica por parte de todos los actores de nuestro país; pareciera ser sólo un tema morboso para primeras planas de los diarios; o un argumento atractivo para los debates estériles entre partidos políticos, con el único fin de desprestigiar a sus adversarios; o como espectáculo para distraernos de otros temas igualmente trascendentes para nuestro país.

La corrupción evidentemente se trata de conductas de personas, no de las instituciones; tienen nombre y apellido quienes la llevan a cabo, vamos existen son sujetos quienes están involucrados. Se trata de asuntos que lastiman a la sociedad y que denigran la función de la política.

Es un asunto que quienes nos dirigen y son depositarios de nuestra soberanía deben hacer frente a la sociedad y dar respuestas claras y contundentes sobre el caso de la corrupción y las medidas que tomarán: ¿reformarán las leyes? ¿Impulsarán y se pondrán de acuerdo para la reforma del estado?

Insisto no es posible que en la política y en la función pública existan este tipo de actitudes que finalmente lastiman a los partidos políticos, a la ciudadanía y por supuesto denigran la actividad pública.

Si bien es cierto que no debemos de caer en el señalamiento fácil de que los implicados en lo últimos escándalos de presunta corrupción son culpables —para ello existen los respectivo tribunales— si debemos de estar pendientes al intento de la mayoría de los partidos políticos por llevar el tema a la lucha por la sucesión, no son simples ataques de una fuerza política o grupo de interés a otro: se llama corrupción!!

Son actos realizados por personas corruptas que lesionan a la sociedad y lo menos que merecen es que sean tratados como la ley señala a este tipo de personas y estar presas, como ejemplos para aquellos que pensarán realizar algún acto similar.

Debemos exigirle al Gobierno y a los legisladores que traten el tema con la seriedad y dedicación que merece, no podemos convertirnos en un país regido por un sistema político que reconoce a la corrupción como un mal presente en todos los países en mayor o menor grado y que por ello no debemos de asustarnos.

No debemos permitir actitudes como las del senador Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, al señalar en tribuna: “Pero yo creo que hay una reflexión fundamental, y en esto sí coincido con usted: tenemos qué evitar que los escándalos nos escandalicen, esto suele suceder en las democracias.” Que me perdone el señor senador pero sí me escandalizo, y considero que debemos de escandalizarnos todos.

No dejemos que la irresponsabilidad de los legisladores al no realizar una reforma del Estado se convierta en corrupción legislativa.