Durante los últimos 10 años, en nuestro País, hemos escuchado cada vez más sobre una actividad para muchos controvertida, una acción que ha generado la satisfacción de algunos y la indignación de otros; una incipiente actividad que hoy por hoy es realizada por empresas, Organismos Empresariales, Organizaciones no Gubernamentales, Sindicatos y hasta por el propio Ejecutivo de la Nación, por citar algunos; una actividad que hasta ahora no a sido regulada; me refiero al Lobbying o Cabildeo.

El cabildeo se puede percibir de varias y muy diferentes formas; para algunos puede ser significado de ilegalidad, para otros de corrupción y tráfico de influencias y, para los menos, una actividad profesional.

Si bien es innegable que el cabildeo se realiza en la mayoría de los Países que se dicen ser democráticos y donde su gobierno cuenta con un órgano legislativo independiente y fuerte en mayor o menor medida, la realidad es, que en muchos casos se ocultan actividades ilícitas bajo el supuesto amparo que ésta actividad permite cuando no se encuentra regulada debidamente.

Lo cierto es, que en México se han venido realizando esfuerzos dispersos por profesionalizar ésta incipiente actividad sin lograr su consolidación. Hasta ahora se siguen realizando actividades encaminadas a promover intereses de unas pocas personas bien relacionadas con las autoridades, obligando o presionando para que otras muy poderosas adopten medidas contrarias o, en el mejor de los casos, diferentes al bien público. Nada más ajeno al cabildeo.

El Cabildeo, en mi particular punto de vista, es un instrumento de participación de de la sociedad civil en la vida pública, es un ejercicio profesional basado en la información que, a partir de ella, trata de influir en las acciones del poder ejecutivo y el legislativo mediante acciones de comunicación, es una actividad legítima que necesariamente debe de estar regulada.

El Cabildeo, en nuestro País, debe de convertirse en el gran instrumento de participación de la sociedad civil en la vida pública, esto es, debe ser una actividad que pertenezca a la realidad política y social, que permita a la sociedad participar e influir de manera directa en el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas publicas y los programas gubernamentales, así como en el impulso o rechazo de reformas o creaciones de las Leyes y Reglamentos que regulan la vida interna en nuestro País. Es un derecho inalienable que tenemos los mexicanos y por lo tanto debemos de ejercerlo.

Pero ejercer el derecho de poder influir de manera directa en las determinaciones de las Autoridades con el fin de que se traduzca en la coincidencia de los valores e intereses de ambas partes (gobernados y gobernantes) y, se vea reflejado en el mayor beneficio social posible, requiere de una regulación que otorgue derechos, asigne responsabilidades y transparente cada acción que se realice, evitando con ello que se cruce la delgada línea que existe entre el Cabildeo y el tráfico de influencias y la corrupción.

Si bien es cierto que aún no contamos con las condiciones necesarias para que el Cabildeo sea una actividad institucionalizada jurídica, política y socialmente hablando (condiciones como: Parlamentarios profesionales, la especialización del aparato burocrático y la reglamentación respectiva, por citar algunos), Lo cierto es, que nos encontramos dentro de un contexto político favorable para impulsar la institucionalización del cabildeo y hacer de su ejercicio una actividad clara, responsable y, lo fundamental, una actividad legal.

Es fundamental que el Gobierno Federal, los Partidos Políticos y, en particular, la próxima legislatura del Congreso de la Unión, asuman la urgente necesidad de regular esta actividad.

Los Grupos Parlamentarios deben realizar los acuerdos necesarios para incorporar dentro de la agenda legislativa éste tema. De ellos depende que, en el corto plazo, la mayoría de los mexicanos tengamos la satisfacción de contar con la actividad de Cabildeo regulada.

Dicha regulación dará certidumbre a los ciudadanos y a las propias autoridades, así como contribuirá a desterrar el tráfico de influencias y la corrupción. Éste es uno más, no por ello menos importante, de los muchos retos de la próxima Legislatura.

Espero que dentro de tres años no nos veamos en la necesidad de afirmar, nuevamente, que el Congreso continúa solapando actividades ilegales o tomando acuerdos en lo oscurito por su falta de compromiso, eficiencia y eficacia.

Por lo pronto, considero que ésta Legislatura no estuvo a la altura de las expectativas de los mexicanos y las necesidades actuales y futuras de nuestro País.