Es un hecho: Jalisco será el causante de que se realicen las reformas legales que permitan contar con mayores certezas para que no se repita el abuso de las atribuciones de un Partido Político a la hora de registrar candidatos a cargos de elección popular.

Si bien es cierto que nuestra legislación en materia electoral ha tenido grandes avances al proteger los derechos político electorales de los ciudadanos y de los Partidos, la realidad es que esas garantías deben ser revisadas para que no se conviertan en los instrumentos de abuso que vimos por parte de algunos dirigentes del Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco.

El problema radica en la burocracia partidista de un Partido tan robusto como el PRI, en donde la militancia y las diversas expresiones que lo integran alcanzarían para postular un sin número de candidatos; los problemas de buena fe se presentan al intentar consensuar entre sus militantes para decidir quiénes serán los 20 candidatos a diputados locales, a los 19 candidatos a diputados federales, a los 125 candidatos a presidentes municipales y sus respectivas Planillas, más todos los suplentes.

El ejercicio no es fácil, se requiere de la profesionalización de los encargados de realizar la tarea de recabar la información y documentación necesaria para su registro; si a eso le agregamos que durante las negociaciones sube unos y otros bajan, la realidad es que el proceso resulta complicado. Es una tarea que por sí misma es complicada.

Lo perverso viene cuando se aprovecha de dicha confusión y se engaña utilizando atribuciones de los partidos para registrar candidatos que no fueron los acordados.

Cualquiera podría pensar, pues bien, no pasó nada, que el Partido los quite; pues no, no es tan fácil, la ley señala que los únicos supuestos para sustituir, después del término para registro, candidatos, es por renuncia expresa o muerte.

Así las cosas, el PRI de Jalisco no encuentra la puerta para resolver un problema que lo llevó al grado de que en pleno proceso electoral, se tomaran sus instalaciones, y se dejaran de lado las campañas.

El problema es que deben existir mecanismos claros en la Ley que permitan resolver este tipo de problemas; la Ley electoral no debería de hablar de Planillas como un solo ente, debería de tomar en cuenta a los candidatos que integran a las Planillas; como ejemplo le digo, si uno de los candidatos a regidores que integra una Planilla no entrega alguna documentación, toda la Planilla se cancela, no tiene derecho a participar en la elección; por otro lado, no existe forma procesal que permita a un Partido realizar la sustitución de candidatos por causa alguna que no sea personal del candidato (renuncia o muerte).

Se debe poner atención en lo sucedido en Jalisco, no puede ser que errores humanos o abusos tengan mayor fuerza que todo un Partido para realizar cambios de sus candidatos, no puede ser; la Ley debe garantizar que aquellos candidatos que sean votados tengan la certeza jurídica y política de que no serán removidos de sus cargos, pero cuando aún no son votados, los Partidos deben contar con instrumentos que les permitan rectificar o resolver éste tipo de problemas.

El PRI de Jalisco será el causante de que los propios priistas propongan reformas al marco electoral que les permita contar con instrumentos de defensa para ellos mismos.