El compromiso social y de negocio que deben tener presente los empresarios hoy por hoy es realizar cabildeo con la próxima Legislatura Federal, so pena de ser testigos, nuevamente, de la aprobación de disposiciones jurídicas discriminatorias y anticonstitucionales que afecten sus objetivos de negocio y que, de paso, contribuyan al desempleo y bajos ingresos de los mexicanos.

En éste contexto es conveniente recordar un suceso que se llevó a cabo en el Congreso de la Unión por la actual Legislatura; acontecimiento triste y frustrante que nos mostró la realidad del trabajo y desempeño de nuestros Legisladores en las cuestiones fundamentales para la República.

Sin mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, durante los últimos 6 años el análisis de aprobación de la iniciativa de Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la Federación y de las disposiciones fiscales que conforman el denominado paquete económico de cada año, se ha presentado como un proceso difícil y complicado en un entorno definido por la premura de tiempo y la falta de acuerdos, sin mencionar la gran manifestación de posiciones improvisadas e irresponsables de los partidos y de Legisladores en particular.

Basta con hacer referencia al proceso de aprobación del paquete económico para el año 2002 que fue discutido por el Congreso de la Unión en diciembre del 2001. El cual contenía un conjunto de disposiciones hacendarias anunciado por el Ejecutivo Federal como la gran reforma fiscal integral que solucionaría todos los problemas del País.

Dicha iniciativa es enviada a la Cámara de Diputados en abril del año 2001 y es debatida hasta finales del mismo año, en otras palabras, es discutida durante ocho largos meses. Además, el Ejecutivo destina una gran cantidad de recursos en una intensa campaña en medios de comunicación que pretende vender su iniciativa a los mexicanos como la panacea para la solución de los problemas del País.

Lo anterior genera la expectativa en la ciudadanía de iniciar el año 2002 con una hacienda pública fortalecida mediante mecanismos y disposiciones fiscales renovadas. ¡Que gran sueño!

Sin embargo, el resultado es otro, sólo puede concretarse una miscelánea fiscal en la que se incluyen nuevos impuestos, gravámenes carentes de análisis sustentado (en relación a su impacto recaudatorio) y sin una estimación de las consecuencias en el ingreso y el gasto de los hogares mexicanos, lo que causa un claro y legítimo malestar en la sociedad.

El treinta y uno de diciembre, después de sesenta y seis horas de sesión, el Congreso de la Unión concluye el debate de las propuestas presentadas por el Presidente sobre las que destaca una nueva Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y en la cual descansa la pretensión de incrementar la recaudación del Estado en 120 mil millones de pesos.

La mayoría de los Legisladores rechazan tajantemente dicha pretensión de eliminar la tasa cero en alimentos, medicinas, libros, agua y transporte, entre otros, y sustituirla por el quince por ciento de tasa general.

Para sustituir la recaudación por el rechazo al IVA, el Congreso de la Unión aprueba varias reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, entre las cuales destaca el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario (con las consecuencias ya conocidas sobre las empresas que emplean en forma intensiva la mano de obra). Con el mismo propósito, la mayoría decide incrementar los ingresos fiscales mediante el cobro de mayores impuestos a telefonía, refrescos, bebidas alcohólicas y tabaco.

Posteriormente, los nuevos gravámenes aprobados son objeto de correcciones y modificaciones mediante diversos decretos del Ejecutivo Federal y otros son declarados inconstitucionales por el fallo de la Suprema Corte de Justicia, lo que evidencia la falta de un análisis serio en materia de legalidad, así como de su impacto económico en los diversos sectores de la sociedad.

Igualmente se presenta en el caso del denominado Impuesto Suntuario que aplica una tasa adicional del 5 por ciento al valor del bien o del servicio considerado como tal, cobrándose en bares, cantinas y discotecas, así como en la compra de artículos como perfumes, televisores de más de 25 pulgadas, equipo de cómputo, algunos vehículos automotrices, por citar algunos.

El denominado Impuesto Suntuario, se convierte en un caso arquetípico de los efectos negativos que en la sociedad provoca un gravamen nacido de la premura, la improvisación e irresponsabilidad legislativa.

Posteriormente es impugnado ante la propia Cámara de Diputados por algunos legisladores que reclaman la ilegalidad de la intervención del Senado de la República en la creación del impuesto a través de una adición a la Ley de Ingresos.

Pero finalmente es el sector privado, por medio de 13 juicios de amparo presentados por restauranteros y empresas automotrices, quién logra la declaratoria de inconstitucionalidad.

Como consecuencia de lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República presenta, el 24 de agosto del 2002 ante la Comisión Permanente, una iniciativa que deroga el impuesto suntuario debido a que la recaudación por este concepto fue del orden del 8 por ciento de lo estimado, lo que refleja su inutilidad en términos de recaudación fiscal.

Lo que manifiesta la iniciativa del PRI es que dicho impuesto es simplemente una carta fiscal extra para los contribuyentes, inútil para el gobierno, engorroso para la administración tributaria, lascivo para los diversos sectores productivos e inhibidor del crecimiento económico.

Como los casos citados anteriormente existen muchos, pero a partir de esta aún dolorosa experiencia para los empresarios es necesario reconocer que deben contribuir al desarrollo de México y sus propias empresas mediante el cabildeo.

Los Legisladores deben contar con la información precisa de los sectores productivos del País para que realmente realicen las reformas necesarias que generen servidumbre política y seguridad económica. Qué mejor alternativa que de manera directa y con la especialización propia, sean los mismos empresarios quienes realicen esa necesaria tarea de proporcionar a los Legisladores información real y específica.

Los empresarios deben de estar seguros que al realizar un cabildeo responsable y comprometido con el País y sus empresas, los mexicanos, todos, se los reconoceremos y agradeceremos.