En México se están llevando a cabo un sin número de acontecimientos que podrían alterar el orden jurídico y político que hasta ahora hemos tenido. Los hechos van desde determinaciones de la corte, hasta manifestaciones religiosas en apoyo a un ministro de culto.

En el acontecimiento suscitado el pasado fin de semana en la ciudad de Guadalajara, donde se llevó a cabo una manifestación pública realizada mediante una gran movilización y marcha de ciudadanos católicos en apoyo al cardenal Juan Sandoval Iñiguez, refleja una posición de la iglesia católica que hace muchos años no se veía.

De hecho, el último acontecimiento verificado en el estado de Jalisco de este tipo tuvo lugar hace diez años; en donde políticos, empresarios, estudiantes, religiosos y organismos laicos fueron convocados por la estructura de la iglesia católica en el estado para marchar por las calles de la capital exigiendo se esclareciera el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

En aquella ocasión la manifestación, exigencia de los propios participantes y el motivo por el cual los convocó la propia iglesia tenía una razón institucional: habían matado a su máximo jerarca en el estado y como institución requería realizar éste tipo de acciones, medida legítima en favor de una institución, digamos: una reacción institucional que pretendía hacer un llamado a sus feligreses para que se unieran en defensa de una agresión directa a la iglesia exigiendo que se actuara conforme a la ley y se esclareciera el asunto.

Las condiciones en que se lleva a cabo la manifestación del domingo pasado tiene características muy similares: convoca la estructura formal de la iglesia, se manifiesta públicamente presencia y poder, el responsable de convocar es el propio cardenal Sandoval Iñiguez, en fin, las similitudes son muchas pero la diferencia significativa es el objetivo principal que motivó dicho evento: apoyo personal a quien convocó en razón de una denuncia presentada en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de dinero; y no una acción institucional que defendiera a la institución, esto es, la manifestación no apoyaba el esclarecimiento legal del asunto, sino que centro sus esfuerzos en favorecer al cardenal.

Además de lo anterior, es necesario evaluar algunas declaraciones poco afortunadas del propio cardenal, afirmaciones como: "Yo quiero elevar mi protesta a quien manda a la PGR y es el Ejecutivo. La PGR no puede hacer nada sin el visto bueno del ejecutivo". Afirmación que tiene implicaciones del orden político, jurídico y religioso.

Y digo de orden político por que efectivamente el tratamiento a éste tipo de denuncias es especial por las repercusiones políticas que tiene –no con ello quiero decir que al margen de la ley, me refiero a la forma–; en cuanto al orden jurídico, la afirmación del cardenal tiene implicaciones graves al ser cuestionadas la procuración de justicia y aplicación de las leyes en nuestro país por un distinguido ministro de culto y que cuenta con gran influencia política dentro y fuera de la iglesia; y en el ámbito religioso el mensaje que envía a sus feligreses es de levantamiento por un motivo civil y no religioso.

El asunto es grave, por un lado pareciera que al cardenal se le terminó el fuero de facto que durante muchos años le han otorgando, el gobierno federal y los locales, a los ministros de la iglesia católica en todo el país y, por otro, el costo político que tendrá al haber utilizado a la estructura de la iglesia para defender asuntos personales como lo es una denuncia.

Lo importante en este caso es que el gobierno asuma su responsabilidad de llevar a cabo la averiguación correspondiente apegada a estricto derecho y que el cardenal cuente con las garantías que ofrece la propia ley.

El riesgo es que, como en la mayoría de las investigaciones relevantes o controvertidas que ha realizado el gobierno federal, éste asunto de convierta en un tema exclusivamente de implicaciones políticas y que se ventile en los medios de comunicación con el objeto de desprestigiar a las personas, como parece ser ahora victima el cardenal.

Con relación a lo anterior podemos retomar el caso del fuero en los legisladores y preguntarnos algunos fundamentos que motivaron la necesidad de que a los legisladores la ley les otorga fuero, preguntas como: ¿Es vulnerable un legislador de ser perseguido por sus diferencias con el gobierno? ¿Es necesario que un actor relevante para la vida política del país esté sujeto al desprestigio en base a una dolosa denuncia en su contra? ¿Existen condiciones jurídicas y políticas para que se contemple el que los legisladores prescindan del fuero?

Si al Congreso le queda tiempo de atender la reforma del estado, esperamos tomen en cuanta que el espíritu de muchas normas estaba relacionado con acontecimientos pasados y que se pretendían resolver en un futuro con la aplicación de dicha norma o la creación o instauración de determinada figura jurídica. En el caso del fuero, considero que sigue teniendo vigencia los argumentos y motivos por los cuales se contempló en la ley que los legisladores tengan fuero.