El inicio de la actual legislatura federal fue un acontecimiento que detonó grandes aspiraciones del actual gobierno, y de nosotros los mexicanos, por lograr realizar las tan comentadas reformas estructurales.

Las promesas del presidente Fox giraban en torno a que elaboraría, propondría e impulsaría una serie de iniciativas de reforma que fortalecerían y darían certidumbre al País; reformas que generarían empleo y crecimiento económico; reformas que harían realidad el mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.

Después de escuchar en reiteradas ocasiones, al presidente y a los coordinadores de los grupos parlamentarios, dando el mismo mensaje de compromiso e interés por realizar las reformas estructurales, los mexicanos vimos la oportunidad de que ésta legislatura asumiera su responsabilidad histórica y actuara en consecuencia; no necesariamente con las iniciativas que propusiera o presentara el gobierno, pero sí las que requiere la República. Lo que no vimos es que la realidad no era más que un cortejo entre partidos políticos que pretendía allanar el camino para cohabitar pacíficamente en la Cámara de Diputados.

Lo anterior lo venimos observando desde la elección del 6 de julio, en donde la euforia de los partidos políticos por encabezar el impulso a las reformas estructurales fue evidente y, de hecho, se desbordaron en promesas que hasta hoy no se han materializado. En especial el PRI que fue mucho más proactivo al realizar promesas —como una oportunidad para aprovechar su nueva posición política al obtener el triunfo electoral y la mayoría en el Congreso— que igualmente son promesas sin cumplir.

En fin, todas fueron y siguen siendo ofrecimientos y buenos deseos.

El problema continúa sin resolverse, las grandes reformas que tanto comprometieron el presidente Fox, los coordinadores de los grupos parlamentarios y los dirigentes nacionales de los partidos políticos no serán materializadas en éste periodo ordinario de sesiones del Congreso; y por las implicaciones electorales del próximo año —donde se llevarán a cabo 14 elecciones locales y de ellas en diez se elegirá gobernador— difícilmente se podrán realizar, en el mejor de los casos, durante el segundo periodo de sesiones.

Pareciera ser que el gobierno federal no aprende, no retiene y no tiene capacidad para gobernar. Se continúan cometiendo los mismo errores que desde hace dos años viene realizando en su relación con el Congreso y en la definición, planeación y ejecución de las tácticas que emplea para impulsar reformas.

Frases de Fox, como “el gobierno propone y el Congreso dispone”, si bien parecieran ser tratan de dirimir asperezas y manifestar respeto por las atribuciones de cada órgano de gobierno, en los hechos son una mentira más del gobierno que, intencionada o no, fortalece la percepción de que la conducción de éste País no es la más adecuada y que, además, ofende a los propios legisladores.

Para sustentar la anterior afirmación podemos ver dos casos en lo particular: la pretendida reforma eléctrica y la “fiscal integral”. En lo que respecta a la eléctrica, el gobierno nunca presentó la iniciativa tan comentada y discutida, esto es, el gobierno no propuso formalmente nada, todo giró en torno a los discursos del presidente y de algunos miembros de su gabinete —por cierto en la mayoría de los casos dispersos y en otros contradictorios— así como en campañas publicitarias que pretendían generar una aprobación social a la iniciativa y de paso presionar a los legisladores. El caso es que hoy pareciera que la reforma eléctrica ya no es prioritaria para el gobierno; lo que antes fue (según fox y su gabinete) la única salida para evitar la catástrofe de los mexicanos, ahora pareciera no serlo.

En el caso de la fiscal existen varias implicaciones; de pronto el gobierno centro todos sus esfuerzos en impulsarla y, parece ser, no en elaborarla; lo que ahora trae como consecuencia el desmantelamiento de los argumentos que sustentan el paquete económico del ejecutivo.

El gran tema es el IVA. La propuesta del ejecutivo de bajar el impuesto al diez por ciento pero aplicar dicha tasa de manera general, tómese literal, a todo (no solamente a alimentos y medicinas) ha causado reacciones que han afectado a todos los partidos políticos en su cohesión.

Tenemos el caso de Elba Esther Gordillo, en donde al presentar su propuesta fiscal le vino una revolución que estuvo a punto de fracturar al grupo parlamentario de manera definitiva.

En el Caso del PAN, de igual forma ha generado inconformidades que hasta ahora han llevado a algunos miembros distinguidos a afirmar que Acción Nacional puede perder la presidencia de la república.

En fin, no se tiene claro en qué concluirán las discusiones en la Cámara de Diputados, lo que sí podemos afirmar es que ni el gobierno ni los partidos políticos han presentado, mucho menos impulsado, las reformas estructurales que tanto exige: la Nación, para nacionalistas; Administración Federal, para tecnócratas. Hemos sido testigos, nuevamente, de un intento reformista al sector energético del País que se convierte en fracaso; esperemos que el paquete económico no sea el caso.

Si bien la elaboración del paquete económico es facultad y responsabilidad del presidente Fox, ahora es del Congreso y particularmente los diputados quienes tienen la responsabilidad de responder a la altura de lo que México exige.