Los eventos políticos que vive nuestro país, generados por la sucesión adelantada obligada por el presidente Fox, comienzan a banalizar la política; sus efectos y consecuencias no podrán ser dimensionados hasta que los mexicanos contemos con un nuevo Presidente de la República. Lo que sí queda claro es el tiempo, los recursos económicos y acciones de gobierno que ahora atienden los temas de la sucesión y no los de la nación, recursos que jamás podrán ser recuperados.

Hoy el debate nacional gira en torno a temas relativos a la lucha electoral. El tema del “chofergate” —donde está involucrado un amigo personal del jefe de gobierno conocido como “Nico”, “águila dos” o “jefe del estado mayorl” de López Obrador— está en todos los medios de comunicación y generó la mayoría de los encabezados de los principales diarios nacionales; si bien es un tema que debe dársele seguimiento, tampoco debe ser el gran tema nacional.

Otro de los temas que acapara la atención de los medios, de la clase política nacional y hasta de la iglesia católica es el de la aspiración obsesiva de la señora esposa del presidente Fox por ser candidata a suceder a su marido en la Presidencia de la República.

Lo preocupante de ésta situación es que los temas morbosos continúan siendo más atractivos para muchos lectores de diarios y muchos más de aquellos que se informan por medio de la radio y televisión.

En conclusión, dónde están los temas verdaderamente importantes para el desarrollo y avance de nuestro país; es un hecho, a los temas torales que deben resolverse pocos, muy pocos, le dan la relevancia necesaria.

Considero que el gran tema, hoy por hoy, es y debe ser atender las alarmantes cifras de desempleo que tenemos en nuestro país. No es posible ver la indiferencia con que se trata y atiende éste problema.

El desempleo es, y debe ser, un asunto prioritario para los mexicanos; no puede haber desarrollo sin empleo; no puede haber armonía en un pueblo de 100 millones de habitantes que tiene a más de un millón sin empleo (3.25 por ciento de la población económicamente activa); dimensionemos el asunto, pueden ser una cifra cercana al millón de familias mexicanas, familias como la suya y la mía que no cuentan con un ingreso fijo.

Lo anterior me obliga a insistir: el empresariado organizado mexicano tiene la posibilidad real, y por lo tanto la obligación civil, de impulsar las medidas que considere necesarias para que sus respectivos sectores productivos e industrias puedan estar en condiciones de generar los empleos que requieren los mexicanos.

No es posible que los líderes de las organizaciones patronales desaparezcan del debate nacional y, de hecho, es irresponsable que no participen en los debates que tienen que ver directamente con sus intereses.

Los líderes de las organizaciones empresariales no se deben dar el lujo de hacer declaraciones públicas con el único fin de crear una poca de esperanza entre los mexicanos o de respaldar las cifras que el gobierno federal expone; deben de asumir su responsabilidad como expertos en sus diferentes actividades y ser quienes asuman el papel de cabilderos de sus afiliados frente al Congreso y al Ejecutivo; deben ser quienes marquen la agenda de los temas económicos de México.

En algunas ocasiones escuchamos a los líderes empresariales hacer una crítica fuerte a los legisladores —que en muchas ocasiones raya en amenaza y ofensa—; señalamientos crudos que ponen en entre dicho el trabajo y compromiso de los diputados y senadores. Se ha comentado hasta la posibilidad de darles seguimiento uno a uno a los legisladores por medio de miembros de las organizaciones empresariales y así vigilar su desempeño.

En otras ocasiones se propuso realizar una evaluación mensual por medio de encuestas que pudieran medir la percepción que tengan los mexicanos con relación al desempeño de los legisladores (claro está que como instrumento de presión); en fin, muchas han sido las propuestas pero en la realidad los hechos se encuentran alejados de dichas propuestas.

La congruencia entre el pensar, el decir y el actuar es un atributo personal de gran valor en las democracias; las organizaciones empresariales deben manifestar su congruencia frente a su papel como actor político, económico y como factor real de poder en el país; deben demostrar que son capaces de ponerse de acuerdo y lograr consensos, cuando menos al interior de sus propias organizaciones.

En concreto, deben demostrar que son capaces de asumir el papel que les corresponde como impulsores de las políticas públicas y reformas necesarias para el fortalecimiento de sus empresas y de la economía del país; deben de asumir su responsabilidad de poner toda su experiencia y estructura para cabildear con el Congreso y el Ejecutivo para que se realice una agenda nacional de prioridades que fortalezcan la economía del país y así puedan contribuir a la generación de las tan necesarias fuentes de empleo que requieren el más de un millón de mexicanos, más los que se acumulen en el año.