Ha comenzado la prueba de fuego para los partidos políticos en lo que será la actuación y desempeño de sus legisladores en la próxima Legislatura..

Lo que hasta hace unos días era el discurso políticamente correcto de los dirigentes de los partidos, legisladores en funciones y electos, así como del propio Ejecutivo de la Nación en torno a la búsqueda de acuerdos como premisa fundamental del trabajo parlamentario y de la nueva relación entre el Ejecutivo y Legislativo comienza hoy a definir su realidad con la transición de la palabra empeñada y comprometida a los hechos.

Como nos hemos percatado, durante los días subsecuentes al seis de julio y hasta la fecha, ha quedado de manifiesto la primera gran coincidencia que hasta ahora todos los partidos y el propio gobierno han tenido: la búsqueda y construcción de acuerdos.

Hoy gobernar y legislar eficientemente requieren más que nunca de ese sabio concepto de los políticos viejos “Tejer Fino”, esto es, se requiere construir poco a poco con inteligencia, objetividad, responsabilidad y honestidad los acuerdos entre los diferentes actores políticos y, a su vez, tener la capacidad de realizarlo frente a actores independientes capaces de discrepar, resistir y, en su caso, manifestar una gran oposición al respecto.

La primera gran prueba que la ciudadanía le puede exigir a los recién electos o designados coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, y a los partidos políticos, es que den muestra de que su discurso y voluntad manifestada se traduzcan en hechos concretos como, por citar uno, que para finales del mes de agosto (antes de entrar en funciones) nos comuniquen explícitamente cuál será la agenda legislativa.

Pero una agenda legislativa consensuada y objetiva que nos permita a los mexicanos vislumbrar posibilidades reales de que el mandato que les otorgamos se vea reflejado en el ejercicio responsable que como representantes de la soberanía popular tienen y no en agendas aisladas con posiciones radicales que dificulten los acuerdos y no coincida con el mandato manifestado en las pasadas elecciones.

Esto es, que nos digan cuáles son las iniciativas que impulsarán y aprobarán, los temas que discutirán y cuáles no, con las debidas razones de una u otra determinación, así como cuáles serán los temas prioritarios que atenderán en el corto plazo.

Sería mucho pedir a nuestros legisladores y a los partidos que nos dijeran cuál será su posición con respecto a las grandes reformas estructurales o frente a temas específicos; lo importante es avanzar y un extraordinario progreso puede ser el hecho que definan, en conjunto, la agenda legislativa.

Lo anterior, además de ser una muestra manifiesta de su verdadero compromiso en la búsqueda de acuerdos, servirá para que los ciudadanos podamos comenzar a contar con parámetros serios y objetivos para la evaluación del desempeño de los legisladores en el Congreso.

Tema polémico y delicado que debemos asumir como tarea fundamental de los ciudadanos es el de evaluar objetiva y responsablemente el desempeño del gobierno y del Poder Legislativo. Ésta es nuestra prueba de fuego.

Prueba que consiste en lograr evaluar responsablemente el ejercicio de los legisladores en la próxima Legislatura Federal, asunto nada sencillo y de gran relevancia que seguramente influirá en el sentido de nuestro sufragio el próximo 2006 y de igual forma en lo que se refiere al Ejecutivo de la Nación y su Gabinete legal y ampliado.

En cuanto a la evaluación objetiva del desempeño del Gobierno no existe gran problema es un proceso que llevamos años puliendo y cada día los ciudadanos podemos emitir juicios más objetivos y responsables al respecto. El gobierno a través de los años ha impulsado sistemas de medición y evaluación del desempeño de los programas y sus funcionarios, ha adquirido sistemas que permiten valorar la eficacia de sus acciones y cuenta con instituciones que realizan estudios e investigaciones del impacto de las políticas públicas, en resumidas cuentas, el gobierno aplica y cuenta con instrumentos que nos sirven como parámetros de medición del alcance y cumplimiento de las metas programadas, como el Plan Nacional de Desarrollo.

El problema se presenta cuando queremos hacerlo con el Congreso de la Unión, pues tradicionalmente ha sido una Institución Política que si bien fiscaliza no es fiscalizado y por lo tanto no rinde cuentas; lo que ha generado que en gran parte de su historia se encuentre alejado del escrutinio público e interés de ser calificado por la ciudadanía y, lo más grave, que no está acostumbrado a que su actuación y desempeño sean evaluados.

En pocas palabras, los ciudadanos no contamos con parámetros objetivos que nos permitan evaluar el desempeño de los Legisladores y el propio Congreso no se ha preocupado por construirlos, pues insisto, no está acostumbrado a ser evaluado y aparentemente no lo desea.

Los ciudadanos debemos de estar pendientes, esperemos contar con la extraordinaria noticia de que al iniciar la próxima legislatura se cuente con una agenda legislativa responsable y consensuada en beneficio de los mexicanos, en el caso de que no sea así sabremos entonces que nos espera, a pesar de los discursos y las manifestaciones de voluntad de los partidos políticos, y que le depara en el futuro a la República.