Comenzaron los acercamientos entre el gobierno federal y el Partido Revolucionario Institucional en busca de lograr los acuerdos para las reformas estructurales del país. Los temas fueron dos: el primero, la propuesta de reforma al sector eléctrico; y el segundo, la definición del esquema para el presupuesto del 2004. En cuanto a los resultados obtenidos podemos decir que no son alentadores.

La reunión que celebró el Gobierno Federal, mediante la Secretaría de Gobernación, para hacer la presentación al PRI, de su propuesta de reforma al sector eléctrico, tiene dos aspectos que deben analizarse. En primer término, la concurrencia de actores del revolucionario institucional fue extraordinaria en razón de que apenas unos días atrás se resolvió el asunto del juicio de procedencia en contra del tesorero del sindicato de trabajadores de PEMEX y Senador de la República por el PRI, Ricardo Aldana, y la actual orden de aprehensión girada en contra del ex-diputado priísta Romero Deschamps y líder del mismo sindicato.

Como muestra de civilidad política, a la reunión asistió la cúpula del poder priísta del país; entre los asistentes se encontraban: Roberto Madrazo (presidente del CEN del PRI), Elba Esther Gordillo (diputada federal y coordinadora del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro), Enrique Jackson (Senador de la república y coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado), diez gobernadores emanados del mismo instituto político y los dirigentes de los sectores que integran la estructura formal del revolucionario institucional. 

Si bien la robusta asistencia al evento (en número y jerarquía de poder) indica la voluntad política del PRI por construir acuerdos con el gobierno, los resultados son todo lo contrario.

Pareciera ser que el revolucionario institucional tiene posiciones encontradas hacia el interior del propio instituto político; posiciones que se manifestaron en la reunión y que dejaron en claro la dificultad que tendrá Elba Esther Gordillo para lograr el voto en bloque en favor de una reforma en materia eléctrica que contemple la inversión privada.

Los argumentos que han vertido algunos legisladores de PRI en torno al tema (por supuesto en contra de la supuesta intención de privatizar CFE) son muchos; pero el argumento señalado, en la reunión de referencia, por el gobernador del estado de Oaxaca, José Murat, es como volver al pasado y escuchar a un líder sindical hablando de la soberanía del país en términos puramente dogmáticos y no prácticos.

Pareciera que el gobernador Murat no se ha dado cuenta que los mexicanos ya no queremos discursos floridos y posturas radicales que no contribuyen en nada al desarrollo del país; el hecho de haber señalado que “Nosotros tenemos un mandato de la asamblea de no aceptar reformas en el sector eléctrico y petrolero que atenten contra la soberanía nacional” me parece un argumento absurdo que lo único que demuestra es la falta de compromiso por construir acuerdos.

El asunto es que, nuevamente, vemos que no existen avances en la búsqueda y definición de coincidencias entre el gobierno y el PRI; asunto grave para el país en virtud de que forzosamente se requiere la participación de los legisladores priístas para poder constituir una mayoría calificada que permita aprobar reformas constitucionales.

El PRI debe entender que no se trata de definir si la propuesta del gobierno es la única viable para el país (para eso, cada partido representado en el Congreso realizará las acciones que considere pertinentes para analizar la propuesta y encontrar coincidencias) de lo que realmente se trata es de comenzar a allanar el camino para la reforma.

Otra cosa sería si el Gobernador de Oaxaca hubiese argumentado que se analizará la propuesta y con toda la voluntad de buscar acuerdos su partido realizará las acciones conducentes. El hecho de utilizar una inminente necesidad de la República en materia de reformas como motivo para manifestar su desacuerdo con Elba Esther Gordillo o como medida populista para incrementar sus preferencias electorales, me parece irresponsable.

Por otra parte, es importante señalar que aparentemente los acuerdos van caminando y a más tardar en la sesión ordinaria a celebrarse el próximo martes se presentará para su aprobación el punto de acuerdo que contendrá la integración de las comisiones ordinarias.

Lo anterior no significa que la voluntad de lograr acuerdos esté dando frutos. Lo que pasa es que la propia ley otorga como límite para integrar las comisiones ordinarias el último día del mes de septiembre del primer año de la Legislatura.

Es muy posible que veamos, el próximo martes, una larga sesión en donde, nuevamente, veamos la clara manifestación de falta de acuerdos. Esperemos que no sea el caso.

Por último, debemos seguir muy de cerca la integración de las comisiones y analizar a cada una de ellas en razón de: qué partido la presidirá, y quién será el legislador que ostentará el cargo; qué diputados serán secretarios y quiénes serán los integrantes de la misma. Es importante para el país que cada comisión se encuentre integrada con los perfiles adecuados para que cada una, en su respectivo ámbito de competencia, esté a la altura de lo que México requiere para enfrentar su presente y futuro.