La actividad en el Senado de la República y la Cámara de Diputados en relación a la posible reforma eléctrica continúa aumentando de intensidad; las coincidencias y diferencias comienzan a conocerse y reconocerse.

Parece ser que continúan claras las intenciones de realizar una reforma que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad; que impulse su modernización en relación a su capacidad productiva y sus sistemas administrativos; que le otorgue plena autonomía técnica, de gestión y financiera; y que le permita construir las bases para enfrentar los retos de los próximos 20 años.

En cuanto a las diferencias, parece ser que los partidos que se encuentran definidos para votar por bloque son el de Acción Nacional y de la Revolución Democrática. El primero con una clara posición a favor de una reforma constitucional —como es interés del gobierno federal— y el segundo con una contundente postura en contra de cualquier reforma que pretenda hacer modificaciones a la constitución.

El partido que continúa sin lograr encontrar la propuesta que permita los consensos para votar en bloque es el Revolucionario Institucional. Los trabajos de cabildeo siguen aumentando de intensidad. Por un lado, tenemos a la coordinadora del grupo parlamentario que desde el inicio de la Legislatura se ha manifestado en favor de la reforma constitucional y ha actuado en consecuencia intentando cabildear para convencer a los diputados de que apoyen dicha reforma y, por el otro, tenemos al senador Manuel Bartlett quien lleva dos años cabildeando en contra de cualquier reforma a la constitución.

La posición que asuma el PRI es fundamental para la reforma en virtud de que será decisiva para el caso de que se pretenda realizar una reforma que contemple cambios constitucionales.

Pareciera ser que el debate y las diferencias que existían al interior del Revolucionario Institucional en relación a la aprobación o no de una reforma constitucional ya se agotaron y prevalece, entre la mayoría de los senadores y diputados, la negativa a su aprobación en esos términos.

Hasta ahora existen dos posiciones dentro de los legisladores priístas en el Congreso: quienes se encuentran en contra de cambios constitucionales, autodenominados “nacionalistas”; y los que están a favor, denominados por los anteriores como “privatizadores”. Además de los dos anteriores, en poco tiempo veremos una tercera posición que comienza a gestarse: la de los legisladores que afirman que no se debe de realizar la reforma de inmediato; que debe darse el tiempo necesario para contar con más y mejor información que les permita tomar una determinación y no cometer el error de aprobar una reforma tan importante y trascendente para los mexicanos con tanta premura.

El futuro continúa incierto, la estrategia de cabildeo del Gobierno Federal sigue siendo insuficiente y se encuentra centrada en acuerdos cupulares con los coordinadores de los grupos parlamentarios y las dirigencias nacionales de los partidos políticos; lo que ha generado que la mayoría de los legisladores, particularmente diputados, no cuenten con información que les permita hacer un análisis de las propuestas.

La estrategia del gobierno pretende lograr el voto en bloque del PRI en favor de la reforma constitucional, como lo ha manifestado su coordinadora; lo que no ha contemplado son las condiciones en que se encuentra el propio partido al interior; la realidad es que difícilmente se obtendrá un apoyo mayoritario al interior del PRI para la reforma.

Como ejemplo de lo anterior podemos citar a los denominados sectores del PRI. La Confederación Nacional Campesina cuenta con al menos setenta de los 222 diputados que integran su grupo parlamentario. Como sabemos la CNC es un órgano independiente, que si bien se reconoce como priísta ahora toma sus decisiones atendiendo a sus intereses particulares.

El caso es que el pasado miércoles la CNC convocó a sus diputados federales con el objeto de escuchar la posición de los “nacionalistas” por voz del propio senador Manuel Bartlett; quien asistió a las instalaciones de la confederación y dio todos y cada uno de los argumentos (políticos, económicos y legales) que, según él, dan sustento a la negativa de realizar reformas constitucionales.

Lo interesante del caso es que la mayoría de los diputados presentes no habían tenido información tan detallada sobre el tema, por no decir que ninguna; y, lo más interesante aún, es que nadie ha asistido o los a convocado para decirles cuales son los beneficios para los campesinos de que se apruebe o no la reforma eléctrica (el mismo Bartlett no lo señaló).

Además de lo anterior, el Gobierno Federal no ha presentado iniciativa alguna que permita avanzar en su análisis y que detone la discusión formal en el Congreso, lo que hasta ahora hemos visto son discusiones en torno a las propuestas e iniciativas que han presentado algunos legisladores sin poder confrontarla con la del ejecutivo.

Así las cosas, parece que las estrategias que siguen el gobierno, los propios coordinadores parlamentarios y los dirigentes nacionales de los partidos no contemplan a los sectores del Revolucionario Institucional y, mucho menos, a los legisladores en lo individual; lo que nos permite afirmar que las tiempos comienzan a descartar totalmente la posibilidad de una reforma constitucional; y en poco tiempo veremos que la discusión será en el sentido de si es urgente o no que se apruebe en éste periodo ordinario.