En estos días de intensos y acalorados debates; con posiciones radicales y aparentes enfrentamientos al interior de los partidos representados en el Congreso, principalmente dentro del PRI; y con la participación activa de algunos gobernadores: se vislumbra la tan anhelada y necesaria reforma eléctrica.
Como lo comentamos hace algunas semanas, el Partido Acción Nacional y el Gobierno Federal cometieron un grave error al designar como coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados a Francisco Barrio Terrazas, quien fue el artífice del denominado Pemexgate y de la filtración en los medios de comunicación sobre la investigación respectiva.
La desafortunada decisión del PAN (estratégicamente hablando) generó desconfianza e hirió susceptibilidades de muchos priístas, pues vieron al coordinador, Barrio Terrazas, como el causante del gran desgaste político y económico que sufrió su Instituto Político. Ésta situación complicó algunas negociaciones al interior de la Cámara Baja y no contribuía en las complicadas negociaciones que se vienen dando en materia de reformas estructurales.
Pareciera ser que los diputados, el Gobierno Federal y el Partido Acción Nacional se aprovechan de la necesidad que tiene el coordinador Francisco Barrio de someterse a una intervención quirúrgica del corazón --que si bien no es urgente, sí es necesaria-- para redefinir su estrategia de operación y cabildeo en materia de reforma eléctrica.
Lo que hasta hace algunos días pareciera ser una inoportuna decisión del coordinador Francisco Barrio, hoy finalmente es una decisión estratégica que pretende facilitar el cabildeo y las negociaciones del Gobierno Federal mediante el secretario de energía, Felipe Calderón, para allanar el camino y obtener la mayoría necesaria para la reforma eléctrica.
La sugerencia que recibió Barrio Terrazas de tomarse el tiempo necesario para atenderse y recuperarse de la operación no tiene otra finalidad más que dejar el camino libre para las negociaciones y no generar ruido y desconfianza con los legisladores del PRI.
Pareciera una inmoral solicitud al legislador por parte de sus propios compañeros legisladores y de partido; pero son las consecuencias de no haber operado eficazmente las investigaciones que impulso cuando se desempeñaba como secretario de la contraloría y desarrollo administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública).
Las decisiones que están tomando el Gobierno Federal y el partido Acción Nacional parecieran ser mucho más responsables y estratégicas para impulsar las reformas estructurales que las que habían tomado en los últimos dos años. Acciones como el nombramiento de Felipe Calderón como secretario de energía, los acercamientos con las cúpulas priístas y perredistas, el involucrar al experto técnico y responsable de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub y el quitar, temporalmente, de la escena de las negociaciones a Barrio Terrazas, son acciones estratégicas que están dando resultados.
En este contexto, pareciera ser que no está lejana la posibilidad de que se realice la reforma eléctrica. Lo que sigue sin quedar claro es si la reforma contará con modificaciones constitucionales o no.
Las posiciones de todos los legisladores y partidos políticos están a favor de una reforma que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad; pero siguen las diferencias en cuanto a cambios constitucionales. Conforme avanzan las negociaciones aumentan los pronunciamientos de los diferentes actores para fijar su posición. Se comienza a definir el mapa de actores que servirá para tener una idea clara de cuantos legisladores podrían votar en favor de cambios constitucionales y con ello verificar las posibilidades que tiene el gobierno de alcanzar las dos terceras partes del Senado y de la Cámara de Diputados que requiere cualquier reforma constitucional.
Si bien es cierto que el Gobierno Federal está haciendo bien su papel —a través de la Secretaría de Gobernación y la de Energía— como impulsor de la reforma eléctrica y comienza a realizar la operación política requerida para lograr la mayoría en el Congreso; lo cierto es que el titular del Ejecutivo sigue cometiendo errores —que si bien para la opinión publica podrían parecer intrascendentes, son devastadores en las negociaciones que se llevan a cabo—como fue el caso de invitar, en su última gira, a que inviertan en energía eléctrica en el país.
Así las cosas, esperamos que el Congreso no realice una reforma superficial que sólo atienda necesidades inmediatas del sector eléctrico. Los partidos políticos, gobernadores, diputados y senadores deben asumir su responsabilidad histórica e impulsar que la actual Legislatura apruebe la reforma eléctrica que le dará certidumbre al País durante los próximos 30 años; éste es el reto.
