El recorte anunciado por el Gobierno Federal puede ser una extraordinaria medida financiera, que seguramente contribuirá a enfrentar la terrible crisis económica que el país atraviesa, pero las consecuencias negativas serán devastadoras para la ciudadanía; 50 mil millones de pesos menos, representa despidos de miles de mexicanos, obras inconclusas o sin realizar, así como afectaciones en los planes de desarrollo de los Estados y municipios.

El Gobierno Federal no ha tenido la capacidad de resolver la crisis económica por medio de acciones que inhiban la corrupción y la impunidad, sus principales orígenes; como tampoco ha podido ser eficaz en la planeación y ejecución de políticas públicas que fomenten desarrollo.

Como ejemplo de ello, ahora somos testigos de la impunidad y la corrupción que representa el poder robarle a Pemex combustibles por 9 mil 300 millones de pesos en un año; cantidad que representa el 20 por ciento del recorte anunciado.

El gobierno del cambio y el del empleo han logrado obtener el nivel más alto de robo a Pemex; tan sólo del 2007 al 2008 se dio el mayor incremento en el número de tomas clandestinas detectadas en la historia de la paraestatal, al alcanzar 396, un incremento de 22.6 por ciento, reitero, “detectadas”.

Imagine usted lo que significa extraer, por medio de tomas clandestinas; transportar, en pipas especiales, ya que por el tipo de carga no puede ser cualquier vehículo; y vender, casi 5 millones de barriles de productos en un año. ¿Cómo es posible que nadie se dé cuenta? ¿Quiénes compran la gasolina?

Desde que la transición del gobierno de Fox al de Calderón en 2006, se ha registrado un aumento en la incidencia del robo de combustibles, derivado de los altos precios del petróleo, según explicación proporcionada por l apropia paraestatal.

Anteriormente, los ductos de petrolíferos como gasolinas y diesel eran los más afectados, pero desde el año pasado, el director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, denunció que se había registrado un aumento en la sustracción de condensados de gas.

En el 2004, la Policía Federal Preventiva (PFP) intervino la operación de algunos tramos en la cadena de distribución de petrolíferos, entre los que se encontraban refinerías, terminales de abastecimiento y pipas en la red de carreteras, pero dicha operación duró sólo unos meses, según reportes de la paraestatal, y ahora se verifica que no sirvió el operativo ya que, pareciera, no se le dio seguimiento; fue una más de las acciones mediáticas que realizó el gobierno de Fox y que sólo pretendían llamar la atención, más no resolver el problema. Durante los meses que duró el operativo, que coincidencia, aumentaron los niveles de demanda en compras oficiales.

¿Por qué aumentaron las compras? Y ¿Quiénes lo hicieron? Seguramente aquellos que compraban lo robado.

No es posible que el Gobierno Federal en los dos últimos sexenios haya permitido tal incremento de corrupción; no es posible que frente a una crisis como la actual y sabiendo que los ingresos por ventas de petróleo es el principal sustento del aparto de gobierno se siga permitiendo la impunidad.

El recorte es la medida más fácil para intentar enfrentar la crisis económica, pero sus resultados afectarán a la ciudadanía entera; el Gobierno debe estar a la altura de su tiempo y luchar en contra de la impunidad y la corrupción que es lo que verdaderamente tiene en crisis a nuestro país.