Es evidente que la capacidad de respuesta de la Cámara de Diputados a las exigencias y necesidades actuales es verdaderamente parsimoniosa y desfasada; es alarmante el tiempo que transcurre desde que se requiere su intervención y hasta que se manifiesta su atención y actuación, que no la solución de lo planteado.

Comúnmente escuchamos o afirmamos que el pueblo de México tiene el “síndrome del olvido” que se manifiesta en poca memoria o carencia de ella en lo que a acontecimientos políticos se refiere; en muchos casos nuestra historia pareciera así demostrarlo y luego entonces llegamos a escuchar, de algún asesor o estratega político, que al evaluar un acto de gobierno se contempla que la intensidad de las implicaciones negativas decrecerá en razón del lapso de tiempo que transcurra entre el hecho y la elección próxima.

Existen acontecimientos recientes que demuestran que se está creando una “memoria social” con mayor registro de acontecimientos, generando experiencia, y que permite actuar frente a sucesos actuales; una “memoria social” que se traduce en “conciencia social” y que emana de un pueblo agredido que se siente inseguro frente a las necesidades básicas de desarrollo (empleo, seguridad pública, educación, acceso a las comunicaciones, etcétera) y frente a la clara incertidumbre que genera la terrible indefinición del rumbo de país que debe definir su gobierno.

En lo que a seguridad Pública se refiere, expresiones sociales como la manifestación realizada el domingo 27 de junio en contra de la delincuencia e inseguridad pública —expresión ciudadana que tuvo el mayor número de participantes y la mayor cobertura mediática en la ciudad de México y que se replicó en ciudades como Guadalajara, Jalisco— denotan la preocupación social que se generó después de la ya intolerable situación de agresiones delictivas a la población y como un llamado de atención de la sociedad civil a las autoridades de todos los niveles para obligarlas a poner mayor atención y empeño en el tema.

Si bien es cierto que el Ejecutivo federal y los locales tienen responsabilidad directa para resolver el problema de la inseguridad, ya que como responsables y jefes de las policías, de los procuradores de justicia y ministerios públicos deben aplicar políticas públicas eficaces para garantizar la seguridad de los mexicanos; también es cierto que el Congreso de la Unión y los Congresos Locales deben de asumir su responsabilidad legislando lo que corresponda para dar más y mejores herramientas a los Ejecutivos y al Poder Judicial para que cumplan con su función.

También, y sin abandonar nuestra responsabilidad, los ciudadanos debemos contribuir denunciando los delitos, por mínimo que sea; debemos asumir nuestra responsabilidad de asistir a presentar las denuncias y darles seguimiento —por mucho tiempo que consideremos perdido—; debemos de exigirle a nuestros gobiernos que cumplan con su obligación cumpliendo nosotros con la nuestra.

Pues bien, el caso es que con sorpresa verifiqué que la Cámara de Diputados ya comenzó a actuar en relación a atender el tema de la seguridad pública; me imagino que consientes que son nuestros legisladores de que las acciones que se lleven a cabo en materia legislativa deberán de esperar varios meses y posiblemente años para ver sus frutos, pues ya comenzaron a actuar.

El lunes pasado se expreso el compromiso de nuestros legisladores por atender el tema de la inseguridad pública y como respuesta al reclamo generalizado de los mexicanos para combatir la delincuencia y, me imagino, que tras considerar lo impostergable del tema, es que se instaló el “Grupo de Trabajo para Impulsar la Conformación de Acuerdos en Materia de Procuración y Administración de Justicia”; su nombre nos dice todo.

Que capacidad de respuesta tan sorprendente por parte de nuestros diputados al esperar solamente cuatro meses, cerca de 120 días, para reaccionar y comenzar a atender un reclamo tan urgente de nosotros los que votamos por ellos. Claro, el sueldo es mensual.