En días pasados me llamó la atención un hecho que hasta ese momento me pasó desapercibido pero que, considero, nos obliga a reflexionar sobre la realización de actos protocolarios que poco aportan, por no decir que nada, al trabajo parlamentario; muestra viva de los vestigios de tradiciones políticas arcaicas.

El formato actual de las denominadas comparecencias de funcionarios públicos ante las Comisiones o el Pleno de la Cámara de Diputados para la glosa del informe de gobierno del Presidente de la República se han convertido, exclusivamente, en un acto protocolario que muy poco o nada aporta al objeto para el cual el espíritu del legislador creo el acto de la glosa del informe.

La ley es muy clara con respeto a la atribución del Poder Legislativo, y en específico a la facultad de las Comisiones que integran al Congreso en sus dos Cámaras. Podemos comenzar por analizar lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en referencia al tema que nos ocupa.

La Carta Magna señala que los secretarios y jefes administrativos darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos; señala además que es facultad de cualquiera de las Cámaras el citar a los secretarios de estado, al Procurador General de la República, a los jefes de los departamentos administrativos, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos.

En el caso de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el tema de las comparecencias es más específico aún y señala que las Comisiones Ordinarias cuya materia tenga relación con alguno de los ramos de la administración pública federal deberán de hacer el estudio del informe anual de gobierno que para tal efecto presente el presidente de la república ante el Congreso de la Unión.

El mismo cuerpo normativo señala que la Comisión formulará un documento en el que consten las conclusiones de su análisis. En su caso, podrán requerir mayor información del ramo o solicitar la comparecencia de servidores públicos de la dependencia ante la propia comisión con el objeto de complementar temas en lo particular.

Lo anterior nos lleva a concluir que el acto consistente en que un funcionario del gobierno acuda ante una Comisión del Congreso para la glosa del informe de gobierno es un acto técnico que busca aclarar dudas, complementar información, aportar elementos que no se contemplaron en el informe, en fin, es el acto al que recurren los legisladores con el objeto de poder realizar (como ideal) un análisis responsable y objetivo que contenga la mayor información posible y que contribuya a la elaboración de las respectivos conclusiones: éste es el fin.

En los hechos, la realidad es otra. Las comparecencias se convierten en actos de pasarela política en donde por su formato no se permite el verdadero trabajo técnico y no contribuyen a robustecer la información que requieren los legisladores para la elaboración de las conclusiones.

El formato consiste en realizar la comparecencia de la siguiente forma: se acuerda la fecha en que asistirá determinado funcionario ante la Comisión que corresponda; el orden y número de intervenciones de los legisladores para los cuestionamientos y réplicas es el siguiente: Convergencia, PT, PVEM, PRD, PAN, PRI, PRD, PRI, PAN y PRI; el desarrollo es el siguiente: primero el cuestionamiento por parte del legislador el cual no podrá ser mayor a 5 minutos (8 para los que sólo tienen una intervención), posteriormente el funcionario da respuesta la cual no podrá durar más de 10 minutos, y por último la réplica por parte del legislador que será de 5 minutos.

Parece ordenado el sistema, sí, puede ser; pues además, el acuerdo parlamentario de la Junta de Coordinación Política que define la logística que comentamos para las comparecencias, contempla otras acciones previas al día del acto. La primera y más importante es que obliga a los legisladores de cada grupo parlamentario a elaborar las preguntas que pretenden realizar al funcionario y enviárselas con 72 horas de anticipación para que el día de la comparecencia cuente con las respuestas puntuales.

Los objetivos que se pretenden al regular de tal forma las comparecencias son, por citar algunos, que el funcionario esté mejor preparado con las respuestas de interés para cada grupo parlamentario; que no se preste el evento para sorprender tanto a los funcionarios como a los legisladores; que no se aproveche el acto para protagonismos; y, que fueran más breves y efectivas las reuniones.

Pues bien, la realidad es otra: imagínese que usted es un legislador que tiene que analizar el informe anual de gobierno y elaborar las conclusiones respectivas; que tendrá una reunión de trabajo con el responsable del ramo del que usted tiene serias dudas o requiere de mayos información; que le piden que elabore sus preguntas y que espere las respuestas puntuales del funcionario. Por un lado suena bien pero que pasa: pues bien asiste usted a la comparecencia, le toca su turno de leer las mismas preguntas que usted le envió al mismo funcionario que tiene enfrente y que este a su vez le contesta leyendo el documento que preparo y que le pudo hacer llegar por otro medio; después de eso a usted le surgen nuevas dudas o el funcionario no respondió todo lo que usted requería de información; que le queda la réplica, pero usted realiza su réplica bajo el entendido de que el funcionario no dará respuesta pues ya no tiene turno. ¿Puede imaginárselo?

Entonces sucede lo de siempre, la comparecencia inicia con los 30 diputados integrantes de la Comisión y después de cuatro, cinco o más horas de escuchar lo que ellos elaboraron termina la sesión con, si bien le va al funcionario 10 o 12 diputados presentes.

Lo anterior además de ser una majadería al funcionario es una muestra de lo improductivo de éste acto, podemos decir que no contribuye en nada para el análisis del informe de gobierno y mucho menos para elaborar unas conclusiones responsables y objetivas.

Esperamos que la Junta de Coordinación Política reflexione sobre el tema y presente otro punto de acuerdo que realmente contribuya a realizar reuniones de trabajo, no meramente protocolarias que lo único que logran es hacer perder el tiempo a todos: a los funcionarios, a los propios legisladores y a los ciudadanos que asistimos o las presenciamos por televisión.