Lo que ayer fue una gran preocupación, hoy pareciera ser un simple trámite inconcluso. La definición de cuáles serán las comisiones ordinarias que presidirá cada partido representado en la Cámara de Diputados, así como de quiénes serán los legisladores que ostentarán dichos cargos, hoy pareciera no ser la prioridad para los coordinadores parlamentarios.

Hasta hace unos días comentábamos que la falta de definiciones y acuerdos para precisar cuáles comisiones presidirá cada partido, en esta incipiente 59 legislatura federal, ponen en evidencia la incapacidad de las fuerzas políticas en la Cámara Baja para llegar a los acuerdos fundamentales que nos permitieran percibir la posibilidad de contar, en poco tiempo, con un Congreso eficaz y comprometido; a la altura de lo que el México y los mexicanos de hoy requerimos para forjar un mejor futuro.

Pero hoy vemos, con frustración e impotencia, que el horizonte se pierde a merced de una serie de acontecimientos que imposibilitan, por lo menos en el corto plazo, la consolidación de los tan anhelados y necesarios acuerdos.

En cuanto a la integración de las comisiones ordinarias, podemos tomar como referencia —para mitigar la preocupación, cuando menos en relación a éste tema— a las dos legislaturas anteriores (la 57 y 58). Las cuales definieron la integración de las comisiones en el límite temporal señalado por la propia norma jurídica; esto es, el numeral primero, del artículo 43, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a la letra señala que: “Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura . . .” (el mes de septiembre). Término que agotaron las legislaturas de referencia al presentar el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que contenía la propuesta para la integración de las comisiones, para su aprobación en el pleno el día 30 de septiembre de 1997 la legislatura 57 y el 29 de septiembre del 2000 la 58.

La referencia anterior nos lleva a concluir que los grupos parlamentarios aún están en tiempo para acordar lo conducente e integrar las comisiones hasta el día último de éste mes.

Lo que ahora nos debe preocupar son la serie de acontecimientos que se han suscitado en el entorno político nacional, que muy por el contrario de contribuir allanando el camino de las negociaciones para lograr acuerdos que se traduzcan en las reformas indispensables para el País, lo están obstaculizando.

Pareciera que el presidente, Vicente Fox, no logró hacer llegar los mensajes contenidos en su discurso del tercer informe de gobierno a los integrantes de su gabinete y al partido que lo postuló (PAN). Mensajes como: “He instruido a todo mi equipo de trabajo a privilegiar la política . . . “, “Nadie sacará partido del retraso de las reformas, cada retraso en el acuerdo, es un golpe a la confianza en el país. Esa realidad nos exige abrir los espacios necesarios para negociar en términos flexibles y prudentes.”. Pareciera que no fueron escuchados o, en el peor de los casos, no fueron acatados.

En el mismo discurso el presidente Fox dio lectura a un párrafo que es importante reflexionar: “Es tiempo de abocarnos con ánimo renovado al diálogo y al entendimiento político, es tiempo de pasar del reclamo a los acuerdos que lo materialicen. Es tiempo de la expresión de convicciones democráticas a las decisiones que consoliden el cambio y aseguren una mayor eficacia a los acuerdos. Es tiempo de ratificar nuestras coincidencias esenciales, es tiempo de sumar y no de restar.”

En conclusión, la convocatoria que realizó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Juan de Dios Castro (PAN), para que el próximo día 17 el pleno se erija en juzgado de procedencia para el desafuero del senador Ricardo Aldana, contradice las buenas intenciones del presidente Fox manifestadas en el discurso de entrega de su tercer informe de gobierno.

No se trata pues de impunidad, no es un asunto de la defensa o no de la presunta comisión de delitos, no es el condenar o no a un miembro del Congreso (eso lo determinará el Poder Judicial). El asunto es responder a las siguientes preguntas: ¿Por qué no esperó el PAN, Vicente Fox, Francisco Barrio o quienes quiera que sean, para convocar después de lograr algunos acuerdos? ¿Realmente el presidente Fox y el PAN tienen la voluntad de hacer las reformas o quieren crear culpables de la mala administración del País durante estos tres años? ¿Es una más de las novatadas del presidente Fox y su gobierno o del partido que lo postuló? o, en el peor de los casos, ¿Será una determinación perversa para que Francisco Barrio cuente con elementos para negociar con el PRI?

Las preguntas son muchas pero, nuevamente, el ambiente enrarecido no nos otorga respuestas aparentes, respuestas lógicas y objetivas del por qué se realizan actos carentes de una eficaz estrategia y que beneficien a la República.

Los principales responsables de la conducción del País son el presidente Fox, su gobierno y el partido que lo postuló. Es difícil asumir el costo de tomar decisiones serias y responsables que beneficien a los mexicanos, por eso, no todos los partidos pueden gobernar; por eso, los mexicanos no vemos muchas opciones políticas de gobierno; por eso, la mayoría de los mexicanos no asisten a votar y; por eso, no tenemos muchas esperanzas de avanzar en estos últimos tres años de gobierno.