La Cámara de Diputados dejó pasar, una vez más, la oportunidad histórica de erigirse como la Institución Política responsable, objetiva y, lo más importante, legal que el País requiere y que los mexicanos exigimos.

La mayoría de los mexicanos fuimos expuestos, en ocasiones voluntariamente y en otras obligados, a la información que tiene que ver con el caso del Juicio de Procedencia para retirar el fuero a un Diputado de la Asamblea del Distrito Federal y uno de los principales operadores territoriales de Andrés Manuel López Obrador.

El tema acaparó la mayor atención de los medios de comunicación —las primeras planas daban cuento de ello— en unos días las prioridades de la República fueron desplazadas por un asunto de presunta corrupción que al final se convirtió en un tema netamente político.

El papel que desempeñaron los medios de comunicación en este asunto fue trascendental; tan es así que la denuncia pública de corrupción y la presentación de una de las pruebas se realizaron frente al propio legislador en un programa de noticias en televisión.

Si bien es cierto que ante la falta de rumbo y definición del Gobierno Federal los medios de comunicación están marcando la agenda política del País, también lo es, que ante la falta de eficacia de las instituciones de Procuración de Justicia, los medios de comunicación están realizando las denuncias que las autoridades y los políticos no se atreven hacer.

La muestra de ello es el caso que nos ocupa, donde un payaso (que no en sentido peyorativo) se convirtió en el fiscal que logró obtener lo que difícilmente hubiera realizado la Secretaría de la Función Pública o la Procuraduría de Justicia, que es: la declaración del inculpado aceptando su participación en un acto de presunta corrupción y, además, que se comprometiera a pedir licencia a su cargo para defenderse.

Que mayor muestra de incapacidad del Gobierno y de la Procuraduría de Justicia que sean los medios de comunicación quienes de forma expedita logren exponer los actos de corrupción y la declaración de participación de los inculpados. En este sentido nos podemos preguntar ¿qué ha pasado con? El pemexgate, los amigos de Fox, las donaciones a Vamos México, el tema de corrupción en la Lotería Nacional, etcétera; pareciera que urge la participación de Brozo dentro de los procesos que, durante años, han seguido los casos de corrupción antes señalados.

En lo referente al papel que desempeño la Cámara de Diputados en éste espectáculo, podemos afirmar que su participación pasará como un simple acto procedimental y no como lo que debió haber sido: un ejemplo de actuación en contra de la corrupción por el órgano que crea las leyes.

La historia habrá de juzgar el papel que realizó la presente Legislatura Federal, donde se presentaron diferentes anomalías y deficiencias; los legisladores integrantes de la Comisión Instructora, así como quienes asistieron a la sesión donde la Cámara de Diputados se erigió como Juzgado de Procedencia actuaron de manera superficial e irresponsable. No es posible que la mayor parte del tiempo la hayan dedicado a un debate donde se cuestionó la figura del fuero.

Los mexicanos tuvimos la esperanza de que la Cámara de Diputados realizara un juicio de procedencia impecable; que en razón del momento en que se encuentra nuestro País hicieran un proceso que privilegiara la transparencia, la objetividad y la legalidad; un acontecimiento que sirviera de ejemplo para aquellos políticos corruptos que viven en la impunidad; un suceso que marcará una nueva etapa, en donde la Cámara de Diputados se convirtiera en una institución política que representara y atendiera una demanda social: la lucha contra la corrupción; Pero. . .