Lo que comenzó como una de las iniciativas de reforma más sensata de la presente Legislatura, hoy pareciera no haber logrado su objetivo principal: que la República amaneciera el 16 de noviembre con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.

El hecho es que algunos diputados federales, preocupados por el escaso tiempo con que contaban para realizar el análisis, discusión y aprobación del denominado Paquete Económico (integrado por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación) y consientes de la trascendencia e implicaciones de esa obligación constitucional, decidieron impulsar una reforma a la Carta Magna que obligará al presidente de la República a presentar la iniciativa con mayor anticipación y estar en mejores condiciones de realizar la aprobación de manera informada y responsable.

Los esfuerzos de los legisladores rindieron frutos; después varias iniciativas presentadas desde el año 2000, el pasado 7 de julio se publicó la reforma a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma contempla cambios sustantivos que, en teoría, obligan al Ejecutivo a elaborar con mayor anticipación la iniciativa de Ley de Ingresos y la propuesta de Presupuesto de Egresos y señala que deberá entregarla a más tardar el 8 de septiembre; así mismo determina que a la Cámara de Diputados corresponderá aprobar el Presupuesto de Egresos a más tardar el 15 de noviembre.

Hasta ayer la reforma señalada resultaba ser un ejemplo de responsabilidad y una decisión acertada; un reflejo del interés de algunos diputado por realizar un trabajo consiente y sensato en beneficio de la República; hoy, la misma reforma exhibe la incapacidad de nuestros legisladores para cumplir con los compromisos que ellos mismos se imponen.

El problema no fue la falta de acuerdos; si bien es cierto que Acción Nacional tomó la tribuna por unos minutos —como lo hiciera el PRD hace algunos días— y afirmó que no habría discusión, que se probaría el presupuesto por una mayoría irresponsable integrada por el PRD, el PRI y el PT, la realidad es que en conjunto todos exhibieron su incapacidad, irresponsabilidad y falta de seriedad al no cumplir con un compromiso que ellos mismos se impusieron.

El desconcierto, la desconfianza e incertidumbre fueron los sentimientos más notorios en la mayoría de los legisladores que, durante las más de 16 horas de espera, fueron testigos y sujetos de engaños en las Comisiones; de cambios entre los acuerdos tomados y lo señalado en los documentos que deberían reflejarlos; del cansancio que provoca el estar transitando de un extremo a otro en busca de quienes son los responsables de elaborar las propuestas para el dictamen y que en cada intento cambiaban lo pactado; legisladores que en la búsqueda de mayores recursos para sus Estados se enfrentaban a la incapacidad de las Comisiones por atender las demandas planteadas y en muchos casos de respetarlas.

Las horas pasaron, las desilusiones afloraron y la desesperación hizo presa a los diputados que, sin darle las razones fundamentales de la decisión, les informaron en el Recinto Parlamentario que la Sesión se reanudaría el miércoles.