Es difícil recordar cuándo fue la última ocasión en que un presidente de México hiciera un reproche público a los organismos patronales; es muy complicado imaginar cuáles fueron los argumentos que obligaron a que Felipe Calderón hiciera pública una demanda “paguen impuestos”, para después señalar que "La campaña en contra del paquete, impulsada de manera espontánea por muchos sectores y de manera deliberada por el sector privado organizado en México, debilitó mucho las posibilidades…”. Las afirmaciones en sí mismas son graves, pero la forma fue peor.

Es mucho más confuso ver cómo el presidente demanda y reprocha la actuación de un sector de la población que ha sido un bastión económico y político del Partido de Acción Nacional; que fue uno de los principales arietes para destruir el proyecto del PRD a la presidencia; uno de los sectores que invirtió tiempo y dinero en campañas mediáticas para destruir al principal adversario de Calderón Hinojosa.

No es poca cosa lo que hicieron los empresarios organizados para fortalecer al PAN, presuntamente, hasta cometieron actos de ilegalidad que afectaron la equidad en la elección y que los Tribunales reconocieron pero, hasta la fecha, no hay ni habrá sanciones reales en contra de los responsables.

Existen dos posibles fundamentos para que el presidente haya hecho públicas esas diferencias. El primero tiene que ver con la posibilidad de que los organismos empresariales, particularmente el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con sus exigencias y peticiones, hayan llevado al límite al presidente de la República, con la actitud altanera y soberbia de aquellos que se sienten seguros de que se les debe algo y no entienden cómo se les puede negar cualquier cosa.

El segundo podría ser que el presidente realmente quiere que todos asumamos la parte que nos corresponde para el desarrollo del país, que necesitaba hacer pública la conducta de algunos organismos empresariales en contra de la propuesta que él consideró más adecuada para enfrentar la crisis y por lo tanto que cada quien asuma el costo de sus actos.

Podrían ser más los fundamentos que obligaron al presidente a expresar públicamente dichas afirmaciones; la realidad es que siempre es lo mismo, cada año las organizaciones empresariales realizan acciones de cabildeo con los Legisladores para, legítimamente, defender sus intereses, pero éste año fue distinto el verdadero problema es que a los empresarios mexicanos les cuesta mucho trabajo sacrificar sus márgenes de ganancia y se están inclinando por la especulación; es una realidad que todos buscan pagar menos impuestos y encuentran los mecanismos legales para hacerlo, de hecho gran parte de sus ganancias se originan en la legal evasión de impuestos.

Fue distinto porque tradicionalmente, cuando se trata de impuestos, los empresarios organizados nunca se ponen de acuerdo, nunca pueden presentar una propuesta concreta porque saben que los impuestos afectaran a unos u otros y no han tenido la capacidad de generar consensos entre ellos mismos y, al final, sale cada empresa o sector productivo por su cuenta a cabildear viendo sólo sus intereses. Pero éste año los unió un tema que afectaba a todos, la denominada “consolidación fiscal” que se proponía en la Ley de Ingresos que envió el presidente y que afectaba sus intereses.

Lo que queda es ver en qué termina este capítulo, a ver si los empresarios organizados nos pueden decir por qué no quieren la consolidación fiscal que mucho serviría al país y a los mexicanos.